Como documento representativo de este mes de diciembre, el Archivo Provincial presenta un justificante o factura demostrativa de la creación del Archivo de la primera Diputación de Extremadura, fechado en diciembre de 1813. Este documento fue expedido por el Secretario de la Diputación, José Fernández Ballesteros.

Este documento nos recuerda la creación del archivo de la primera Diputación de Extremadura, hace ahora doscientos años. Durante el primer cuarto del siglo XIX se suceden en España, en cortos períodos de tiempo, alternancias de poder de monarquías absolutas y constitucionales. De igual forma y durante seis años tendrá lugar la Guerra de la Independencia.

Al comenzar el período bélico, el pueblo establece las Juntas Supremas de Gobierno como medio para repeler al gobierno intruso establecido por Napoleón Bonaparte en la figura de su hermano José. Al ser sancionada la Constitución de Cádiz, en marzo de 1812, se establecía la creación de las provincias poniendo al frente de cada una de ellas una diputación con un jefe político.

La primera instauración de la diputación tuvo lugar precisamente entre los años 1812-1814. Durante estos dos años el organismo dispone y administra los fondos suficientes para el desarrollo de sus funciones.

Fruto del trabajo realizado por la misma se generan documentos de contabilidad como el que presentamos. Es un documento justificante-factura expedido por el secretario de la diputación, José Fernández Ballesteros, por valor de 300 reales de vellón a favor de J. Luis Alba de Castro en pago por los trabajos realizados de “...reconocer los papeles del archivo de la Junta Superior que cesó, contar y foliar todos los expedientes.... y formar un inventario por duplicado...”.

En el texto se expresan los días empleados en la realización del trabajo y se afirma que los documentos proceden del antiguo secretario de la Junta Suprema de Gobierno, José Calderón. Éste retuvo en su poder los documentos que durante el período bélico tramitó la misma desde su creación en junio de 1808, hasta su disolución en 1812.

Los documentos se encontraban en la casa propiedad de José Calderón y fueron trasladados al archivo de la diputación en las casas de la calle Granados, donde tuvo la sede.